Conversatorio: "HACIA UNA LEY DE EDUCACIÓN AMBIENTAL"
El lunes 10 de diciembre, a las 18:00, se realizar ...
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El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley “Que aprueba el Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018.
Este acuerdo fue socializado oportunamente por la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), bajo la Presidencia de la Senadora Zulma Gómez, mediante una Conferencia Magistral celebrada el pasado 7 de marzo en el Salón Acosta Ñu del Senado, ante legisladores de ambas Cámaras, representantes de la Sociedad Civil, Organizaciones No Gubernamentales y medios de Prensa.
Se trata del único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La Senadora Zulma Gómez enfatiza que el Acuerdo pretende fortalecer las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y con desarrollo sostenible.
El documento ingresó oficialmente al Senado en la sesión plenaria del jueves último, siendo girado a las Comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales; Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible; e igualmente a la CONADERNA, a petición de su Presidenta, para el estudio correspondiente.
El Acuerdo de Escazú busca garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto.
Al adherirse a este tratado histórico, además de continuar fortaleciendo la democracia ambiental, los 33 países de América Latina y el Caribe darán un paso más para hacer realidad la igualdad, el crecimiento económico sólido y el desarrollo sostenible para todos.
