Así, las Declaraciones aprobadas en la sesión ordinaria del último jueves, involucran -en el marco de sus respectivas funciones- a la Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; Petróleos Paraguayos; Industria Nacional del Cemento; Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible; Entidad Binacional Itaipú; Entidad Binacional Yacyretá; Administración Nacional de Electricidad.

 

Igualmente se abarca a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; Banco Central del Paraguay; Banco Nacional de Fomento; Banca Privada; Contraloría General de la República; Instituto Forestal Nacional.

 

El proyecto declarativo insta a cada institución involucrada a ejercer funciones puntuales, en el marco de sus respectivas competencias, de manera a que la ley de servicios ambientales cumpla a cabalidad con su objetivo de preservación ambiental de masas boscosas, recursos hídricos, protección y uso sostenible de la biodiversidad, paisajes naturales y protección y recuperación de suelos.

 

Esta iniciativa fija una postura del Congreso en respuesta a la inquietud expresada por poseedores de bosques y certificados de servicios ambientales ante la CONADERNA.

 

Cabe recordar que la Ley 3001 tiene por objetivo propiciar la conservación, la protección, la recuperación y el desarrollo sustentable de la diversidad biológica y de los recursos naturales del país, a través de la valoración y retribución “justa, oportuna y adecuada de los servicios ambientales”.

 

Asimismo, busca contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales que la República del Paraguay ha asumido en la materia.

 

“Hasta la fecha aún no existe una implementación plena y permanente en todas las obras de Alto Impacto y tampoco como comisión de un hecho punible, por tanto, los Certificados de Servicios Ambientales emitidos y vigentes en el país, tienen déficit de colocación, lo que genera el incumplimiento de la Ley y la decepción de los poseedores de bosques para seguir conservando, ya que no perciben ninguna retribución por los Servicios Ambientales que presta su propiedad con masa boscosa”, argumenta el senador Juan Afara en el proyecto de declaración.