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ANALIZAN DENUNCIA DE COMUNIDAD INDÍGENA QOM

 Los Senadores Juan Afara, Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), Miguel Rodríguez, Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Sixto Pereira, Presidente de la Comisión de Energía, celebraron una reunión virtual a fin de atender una denuncia que hace referencia a un proyecto de cultivo de eucalipto en el territorio de la Comunidad Indígena Santa Rosa del Pueblo Qom, del Departamento de Villa Hayes.

De la actividad participó la lidereza Qom Bernarda Proa de la Comunidad San Francisco, denunciante, así como representantes de otras comunidades Manuel Domínguez y Marcelo Coronel, quienes por su parte apoyan la implementación del proyecto.

También estuvieron presentes en esta reunión representantes del Instituto Nacional del Indígena (Indi), Instituto Forestal Nacional (Infona), Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (Fapi) y de la organización no gubernamental Fundación Paraguaya, responsable del proyecto.

Igualmente, directores y asesores técnicos de las comisiones participantes.

Según denunció la lidereza Proa, el proyecto requiere ocupar 20 hectáreas de la comunidad indígena y apuntaría a la comercialización de madera por diez años.

Implica la deforestación de árboles nativos muy utilizados por los nativos de la zona, como el algarrobo, los labones y palmares, y su reemplazo por plantación de eucaliptos con fines comerciales.

Dijo que temen las consecuencias que esto podría ocasionar al delicado ecosistema local, apeligrando la provisión de agua potable a las comunidades y alterando su cultura y forma de vida.

Agregó que mediante el uso de tractores ya iniciaron los trabajos de desmonte, afectándose además las cañerías que proveen de agua potable a la comunidad, y avanzando incluso sobre el cementerio, que consideran como un lugar sagrado.

Aseguró que el proyecto sólo cuenta con el apoyo de dos líderes de un total de ocho aldeas existentes en el territorio Qom del distrito de Benjamín Aceval.

También dijo que para la implementación del proyecto se pasaron por alto las leyes que garantizan que no se pueden realizar ningún tipo de actividades en territorio indígena sin una consulta previa, libre e informada con la comunidad.

Mencionó así la Ley 904 de Comunidades Indígenas y el decreto 1039, por el cual se aprueba el “Protocolo para el Proceso de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los Pueblos Indígenas que habitan en el Paraguay”, la Constitución Nacional y todos los convenios y protocolos que amparan sus derechos de vivir en un ambiente saludable.

Por su parte, la Sra. Celsa Acosta, de la Fundación Paraguaya, aseveró que todas las comunidades afectadas fueron informadas del proyecto y que la metodología de trabajo de la fundación es empoderar a las familias, ya que son ellas las que encabezan los proyectos y los llevan adelante.

Refirió que los mismos nativos acudieron hasta el Indi y el Mades para efectuar las consultas y trámites correspondientes relativos al proyecto.

Aseguró que la iniciativa no genera deforestación puesto que la superficie proyectada dentro del plan genérico es de apenas 20 ha de un total de 1117 ha que pertenecen a un título común donde habitan 800 familias de pueblo Qom.

Igualmente emitieron su opinión y comentarios los representantes de las demás instituciones involucradas.

Por su parte, los legisladores remarcaron la necesidad de contar con el consentimiento de todas las comunidades involucradas, además de los estudios técnicos de orden hidrogeológico y socio ambiental, ante de emprender proyectos de esta índole.

Señalaron que darán seguimiento a este tema, recabando toda la información técnica y legal de las instituciones pertinentes que permita brindar una solución de fondo al tema.  

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